LA ZONA HISTÓRICA : La Villa romana de Los Mondragones

La villa romana de Los Mondragones de Granada es un hallazgo único en la historia de la ciudad, unos restos de los que se encontraron 4.000 metros cuadrados entre la zona residencial, un templo y un molino de aceite, que prueban un asentamiento que se prolongó de los siglos I al VI en lo que debieron ser las afueras de la antigua ciudad romana. Pese a tratarse de unos restos únicos, las administraciones decidieron continuar adelante con la construcción del aparcamiento durante cuyas obras aparecieron los restos.



La Junta de Andalucía intentaba atajar la lluvia de críticas a cuenta de los presuntos destrozos en este yacimiento único en la historia de la ciudad. La Academia de Bellas Artes de Granada emitió un duro comunicado pidiendo la declaración del yacimiento como Bien de Interés Cultural (BIC), asumido entre otros por el Fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón. La edil de UPyD, Mayte Olalla, pedía explicaciones a Junta y Ayuntamiento por entender que se cometía un "atropello" contra el patrimonio.

La villa romana que se mostró por primera vez al público en abril de 2013 ocupaba casi 5.000 metros cuadrados e incluía los restos de la antigua casa de una familia acomodada, con mosaicos en buen estado, el molino de aceite anejo y una zona de enterramientos que finalmente pudo ser identificada como un templo del siglo VI. Lo que se anuncia como futuro museo in situ es sólo la zona del molino, apenas 1.000 metros cuadrados que se convertirían en museo en fecha por determinar, y que "no es necesario", según la Consejería de Cultura, la catalogación como BIC "dado que como yacimiento ya están protegidos".



La villa romana, a pesar de estar en una zona más bien céntrica, en el distrito Beiro y junto a la Plaza de Toros, era en su momento parte de las afueras, la residencia de una familia pudiente. La ciudad romana se situaba en el actual Albaicín, construida sobre la antigua ciudad íbera y conservando su urbanismo. Por ello, los restos romanos en Granada son muy raros.

El arqueólogo encargado de la investigación, Ángel Rodríguez, explicaba a los medios que el hallazgo más relevante, además del molino de aceite -"único en la Península Ibérica por lo bien conservado que está"- ha sido un "edificio de culto", que se resiste a identificar como 'basílica' o 'templo', del siglo VI, que incluye una zona de enterramientos. Por las fechas, los expertos han determinado que se trata de un templo cristiano.

La importancia de este hallazgo radica en que en el siglo IV la antigua Iliberis acogió el llamado Concilio de Elvira, que marcó la posterior evolución de la Iglesia en España. Ello hacía suponer una importante comunidad cristiana en la ciudad, pero hasta ahora no se habían encontrado restos de un templo de la época o cercano que mostrase el culto de aquella comunidad 'protocristiana'. El edificio hallado en la villa es lo más parecido.


Sin embargo, los restos del templo, retirados del lugar en el que fueron hallados para permitir la continuación de la obra del aparcamiento, se encontraban almacenados en unos contenedores y cubiertos con plástico frente a la zona de trabajo del molino de aceite. Los arqueólogos calculan que hay 4.000 metros cuadrados más de villa por descubrir, en los terrenos anejos propiedad de la Junta. Las catas comenzarían en 2014, aunque el proceso para iniciar los trabajos, pese a desconocer lo que allí se encuentra o su importancia, será "mucho más complejo".

Los mosaicos, que según la delegada de Cultura en Granada, Ana Gámez, "no estaban bien conservados", fueron trasladados al Museo Arqueológico de Granada para ser procesados. Dicho museo llevaba cerrado desde 2010 por las humedades que ponían en peligro la estabilidad del edificio, la histórica Casa Castril, y sin consignación presupuestaria para su reforma, ya planteada.



En lo que se refiere a los trabajos restantes, los yacimientos del molino de aceite estarían tres semanas más bajo la inspección de los arqueólogos. Cultura explicaba que ya había una empresa que elaboraría el proyecto museográfico y otra diferente candidata a gestionar el futuro museo, ambos sin fecha. El coste de los trabajos había sido de un millón de euros, asumidos por la promotora del centro comercial y el aparcamiento.

Frai Desarrollos Inmobilarios está relacionada con el 'caso Marchelo', pendiente de juicio, por una urbanización ilegal en Alhendín, con varias reparcelaciones anuladas en los tribunales al Ayuntamiento de Maracena.







LA ZONA PÚBLICA : Los destrozos de la Justicia española

Las Instituciones españolas se están deslegitimando hasta extremos que nos excluyen del marco democrático europeo. Para la Justicia este proceso es singularmente grave. El gobierno en democracia consiste en un equilibrio imprescindible de poderes. Cuando este balance de control político no se produce, todo el poder recae en muy pocas manos y oscuros despachos. 

Elpidio José Silva

Entonces las Instituciones, aparentemente democráticas, se convierten en una mascarada y se mofan de los ciudadanos. Cuando el Parlamento y la Justicia dependen absolutamente del poder ejecutivo, concentrado en un grupo escaso de personas, la Democracia deja de latir, y se abre paso la corrupción en sus más variadas formas.

Hoy en España no existe ni separación ni equilibrio de poderes. Los corruptos han colonizado amplias áreas institucionales. La primera consecuencia es que la Justicia no podrá investigar las actividades de determinados personajes poderosos, muy ligados a largas historias de corrupción. Cuando los jueces intenten instruir causas penales contra estos individuos, se verán presionados, impedidos o separados. No podrán desempeñar su trabajo. Los corruptos, como las termitas, durante muchos años han corroído lo mejor del sistema, del que ahora sólo queda la cáscara.

Actualmente, se quiere evitar que la ciudadanía conozca EL PRINCIPAL RELATO SOBRE LA CRISIS EN ESPAÑA. Este relato consiste en narrar cómo se ha gestionado CAJA MADRID desde el año 1995 hasta el año 2010 (período Blesa).

Este relato comenzó a revelarlo el juez Elpidio José Silva. Por este motivo le apartaron inmediatamente de su cargo, valiéndose de expedientes disciplinarios absolutamente faltos de verdad, e inventando todo tipo de pretextos infamantes.

Además, los casos Blesa y Banco de Miami llevan meses sin impulsarse, esperando que la opinión pública los olvide, o que prescriban, o que puedan perjudicarse gravemente las pruebas en que se basan. Los corruptos sepultan pruebas, correos corporativos, tumban y acusan en falso a los jueces honestos, detienen procedimientos judiciales, mienten y pervierten las Instituciones.


Miguel Blesa

Ahora el juez Silva incluso se encuentra sometido a un procedimiento penal, el cual carece del menor atisbo de verdad. Simplemente por hacer su trabajo, tal como exige la ciudadanía que paga a los jueces, Elpidio Silva tiene que responder ante un Tribunal desviado, acusado por un Fiscal sin norte y por el propio exbanquero Miguel Blesa.

Jamás debiera haberse producido esta situación en España. Es impropia de un país que pretende sumarse a Europa. Una finalidad del procedimiento penal contra el juez Silva es impedirle que vuelva a instruir los casos Blesa y Banco de Miami. Pero otra finalidad, de mayor calado, es impedir que estas causas avancen. A la vez se atemoriza a otros jueces.

La ciudadanía no va a seguir consintiendo esta situación. Las españolas y españoles, con mucho esfuerzo, pagamos Instituciones muy costosas como lo son la judicatura y la fiscalía. Pero, cuando parte de esas Instituciones no funciona en absoluto o son amordazadas, a la ciudadanía no le queda más remedio que ahondar en los principios más profundos de la Democracia. Al fin y al cabo, por ahora es nuestra forma de gobierno en España.

Cuando las Instituciones se deslegitiman y dejan de responder, el poder vuelve a movilizarse desde la sociedad. Esta expresión de poder básico no secunda en absoluto a ningún partido político. Es poder ciudadano en estado puro. Y arranca de “plataformas y comunidades de base”, las cuales no van a tolerar un estado de cosas ruinoso y enormemente nocivo para la sociedad española y para nuestro futuro generacional.

Por estas causas, como primera acción de este movimiento ciudadano, cientos de miles de personas van a querellarse contra los causantes de esta situación de impunidad. DE FORMA HISTÓRICA, BATIENDO TODOS LOS PRECEDENTES JUDICIALES DE LA HISTORIA, mediante cientos de miles de firmas, la ciudadanía española va a mostrar su honradez, frente a los corruptos.

Actualmente se cuenta con más de 150.000 firmas de apoyo, que corresponden a personas que han expresado su deseo de incorporarse a una querella. Se dirigirá contra todos aquellos que estén provocando la situación judicial descrita en relación con los casos Blesa y Banco de Miami. Pero, sin la menor duda, millones de ciudadanas y ciudadanos consideran que es insoportable que sigamos soportando esta situación deshonrosa, que algunos malhechores nos conduzcan a la miseria, que impidan trabajar a la Justicia amedrentando a los jueces; y que llamen crisis a la mentira, la estafa y el expolio.

LA MAGISTRADA QUE JUZGA A ELPIDIO SILVA FUE CONCEJALA DEL PARTIDO POPULAR Y CONSEJERA DE LA ASAMBLEA DE CAJA MADRID BAJO EL MANDATO DE BLESA.

Al juicio contra el magistrado Elpidio José Silva por encarcelar al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, hay que añadir DOS nuevos detalles que hasta ahora habían pasado por alto: 

La identidad de una de las magistradas de la sala. Se trata de María Tardón, que además de presidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial, antes fue concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid y fue consejera de la asamblea de Caja Madrid bajo el mandato de Blesa que llegó al órgano de gobierno de la entidad en 2003 y fue reemplazada en el puesto en abril de 2005, cuando regresó a la carrera judicial.


María Tardón

Tardón llegó a ser una de las concejales con más relevancia en el último equipo de Gobierno de José María Álvarez del Manzano, en el que llegó a ser tercera teniente de alcalde. Ocupó la Concejalía de Atención Social, Policía Municipal, Movilidad Urbana y Protección Civil, donde llevó a cabo una importante reforma de la Policía Municipal.

La contaminación de la Magistrada es tal, que no debe permanecer en el Poder Judicial, habría que revisar todas sus sentencias y a cuantos del Partido Popular ha absuelto.

Más en interviú.es

El Juez Elpidio José Silva tiene toda la razón de solicitar la nulidad por la imparcialidad con la que se le ha tratado, y apoyamos sus palabras cuando dice: “La actitud descabellada” que ha mostrado hoy el tribunal, que ha vuelto a perder la apariencia de objetividad” refiriéndose a que no se le ha aceptado la renuncia de su letrado defensor, el imputado puede utilizar todos los medios que crea conveniente incluso para retrasar el proceso y es legal como la de no declararse culpable, la ley faculta la libre designación de letrado y los puede cambiar cuantas veces lo quiera.





Más:
Campaña de apoyo al Juez Elpidio José Silva Pacheco - Caso Blesa Facebook
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Independencia Judicial Nueva Web
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LA ZONA PÚBLICA : Jaque al "Protestante"

Un informe de Amnistía Internacional (AI) denuncia que en España el derecho a protestar pacificamente está "amenazado". En concreto, la organización critica el creciente uso de las multas a participantes en manifestaciones pacíficas, la "fuerza excesiva" en las detenciones policiales y documenta casos de malos tratos a detenidos bajo custodia policial.


Para la presentación del estudio, en Madrid, la organización contaba con Jorge Aranda, activista de la 'Marea Blanca' en defensa de la sanidad pública, detenido y acusado el 25 de marzo de 2013 por intento de agresión al entonces consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty. La acusación contra Aranda fue desestimada judicialmente después de visionar las imágenes del acto de la protesta, grabadas por un medio de comunicación, en las que la juez apreció como "no creíble" la versión de los agentes.

Aranda, un auxiliar de enfermería de 35 años, siempre defendió que nunca intentó agredir al consejero, del que permaneció alejado varios metros durante la protesta. Amnistía presenta a Aranda en su informe como el prototipo de activista perseguido en un país "sumido en una profunda crisis económica, con un elevado índice de desempleo, y donde las medidas adoptadas por el Gobierno Central y los gobiernos regionales han dado lugar a recortes en servicios básicos como la sanidad o la educación". 

Javier Fernández-Lasquetty

Previamente a su detención, y también con posterioridad, este madrileño había sido sancionado varias veces más "por ejercer su derecho a la libertad de reunión", asegura el informe. En concreto, por participar en otras manifestaciones y protestar contra los desahucios. 

El documento de Amnistía concluye que el de Jorge Aranda "dista de ser un caso aislado". En los últimos años, AI ha recibido "decenas de informes" que señalan las "restricciones crecientes, incluido el uso de multas, impuestas por las autoridades españolas a quienes participan en manifestaciones pacíficas". 

Jorge Aranda

En su estudio critican las comprobaciones colectivas de identidad a manifestantes e informan, como ya hiciera 20minutos, del aumento de las multas administrativas a las personas por asistir a protestas públicas. AI asegura haber encontrado "indicios claros" de que las sanciones pueden estar teniendo un efecto disuasorio, desalentando a la gente de participar en las protestas".

A la organización internacional independiente, en permanente campaña para acabar con los abusos graves contra los derechos humanos, le preocupan también la reforma del Código Penal y el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, en cuanto a que puedan afectar al ejercicio de la libertad de expresión y de reunión.

Amnistía Internacional siente preocupación por los informes que indican que los periodistas y fotógrafos que cubren las manifestaciones han sido blanco de la violencia policial. 


El documento —basado en las entrevistas a víctimas, familiares, periodistas, abogados y representantes de organizaciones de derechos humanos, ONG y movimientos sociales en 2013— expone su preocupación por la persecución a los organizadores de protestas como los 'rodea el congreso', y documenta algunos casos de uso excesivo de la fuerza en las detenciones y de malos tratos en comisaría. 

Leandro Acosta, músico de 19 años, fue detenido tras la manifestación del 25-S y es el protagonista de una fotografía en la que se ve a once agentes antidisturbios agarrándole de los brazos, las piernas, la cabeza, la nariz y la cara (arriba). Leandro asegura que le "trataron de apretar los huevos y la garganta, se veía que disfrutaban de hacerme daño (...). Había cristales de botellas rotas, y me tiraron encima a propósito; así me corté en el pecho y empecé a sangrar", ha contado a la organización. 

Ante estas denuncias, Amnistía solicita a las autoridades españolas "revisar la legislación, las políticas y las prácticas en las manifestaciones para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión". Además ha puesto en marcha una campaña en su web para solicitar firmas por el derecho a la protesta pacífica.




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LA ZONA DE PADRES : ¿Quién mató a Dani?

Daniel Borrajo Alvarez, Dani, salio de su casa a las 17:27 del 10 de febrero de 2014 para devolver el paraguas a su novia que había olvidado la tarde anterior, además había quedado con un amigo, pero esa fue la última vez que sus padres le vieron con vida. Sobre las 19:00 horas Dani cayó por el puente Ramón y Cajal de la M-30, de una altura de casi 6 metros y fue atropellado en dos ocasiones, la primera por un taxista que se dio a la fuga y que no ha sido investigado, ni se ha presentado a declarar. 



Todo lo relacionado con la llegada del SAMUR, la patrulla de la policía (que en una primera instancia pinchó una rueda) y tardó en llegar más de una hora y el levantamiento del cadáver, sin tomar las pruebas científicas necesarias para una correcta investigación, fue un cúmulo de despropósitos.

El juez Carretero del juzgado de instrucción número 47 de Plaza Castilla cerraba el caso e impedía la investigación judicial, considerando que se trata de un suicidio, un tema tabú que no sale en los medios, por eso no se ha tenido noticias de la muerte de Dani. 



Lo que no se cuenta no ha pasado, por eso me veo en la obligación de contarlo. Sus padres tienen claro que no se trata de un suicidio y no se darán por vencidos hasta que se aclaren las circunstancias de la muerte y se depuren responsabilidades. Han colocado carteles solicitando información por la zona, carteles que son retirados por algún motivo, seguramente alguien no quiere que el tema siga adelante. 



Sus padres han recibido llamadas y una persona ha informado que vio a su hijo con dos personas más esa tarde en el puente, pero no se ha prestado a declarar.

¿Lo empujaron? ¿Estaba Dani sólo o con más personas? ¿Quién quita los carteles? ¿Se podría localizar al taxista que se dio a la fuga? Su familia tiene claro que Dani no se suicidó, tenía planes y estaba lleno de ilusión, se iba examinar del carnet de conducir, estaba preparando un viaje para perfeccionar su inglés y le encantaba jugar en el Canal con sus compañeros del equipo de fútbol en el cuál estaba federado. Si alguna persona vio algo o puede aportar información sobre el caso por favor que no dude en llamar al teléfono 607 848 410. 










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LA ZONA DE PADRES : El Violador desde tu ventana

Frente a frente. Aunque parezca mentira, así es como viven víctima y agresor sexual, pese a que este último «debería estar en la cárcel desde hace tiempo», según la abogada de la acusación. Condenado a dos años de prisión por abusar de una menor que entonces tenía ocho años, J. V. C. no sólo sigue en libertad, sino que vive enfrente de la niña, que se ve obligada a cruzarse con él a diario. Sucede en el barrio del Torrejón, en Huelva.


Apenas una carretera separa las dos viviendas. El «pederasta» -«hay que llamarlo así, porque existe una condena y él mismo se mostró conforme con los hechos», insiste la madre de la menor- tan sólo tiene que asomarse a la ventana para ver a la niña, que vive a escasos metros. «Tuve que cambiar la orientación de la cama de mi hija para que no fuese lo primero que ve cuando se levanta por las mañanas», explica la madre, que prefiere mantenerse en el anonimato «para evitar que identifiquen a mi niña».

Fue ella la que descubrió estos abusos cuando su hija tenía ocho años -ahora tiene 11-. A él, cuñado de su marido -tío político de la niña, por tanto-, lo tenían acogido en su casa de Cartagena, donde todos se habían trasladado durante una época para trabajar. La madre llegó una tarde pero él no se percató, y entonces lo presenció todo: una escena dantesca que no se podía creer. «Me quedé bloqueada y estuve a punto de desmayarme. No se lo dije en ese momento a mi marido porque temía que hiciese una locura. Esperé a estar en Huelva, donde volvíamos a los pocos días; le pregunté a mi hija y se lo conté a mi marido. Desde entonces venimos sufriendo un calvario».

Y es que desde entonces han pasado tres años, pero el agresor no sólo no ha puesto un pie en prisión, sino que además quebranta sistemáticamente la orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a menos de 100 metros de la niña o de sus padres; una orden según la cual, de hecho, no debería vivir donde vive.


Jesús Maeztu, defensor del Pueblo Andalu, investiga por qué un pederasta vive frente a su víctima. Más.

J. V. C. fue condenado en 2012 a dos años de prisión y a «libertad vigilada durante seis años siguientes al cumplimiento de la pena de prisión, con prohibición de aproximarse a la víctima y a sus padres y de comunicarse con ellos por cualquier medio durante dicho plazo». Tal y como señalaba a EL MUNDO la abogada de la acusación, María Teresa Largo, «pese a que esta primera pena no lo obligaba a entrar en prisión, en los últimos meses ha acumulado otras por quebrantamiento de la orden de alejamiento, por lo que ya debería estar en la cárcel. Eso es lo que venimos exigiendo, pero la saturación de la Justicia hace que se den situaciones tan inverosímiles como ésta».

«¡Que yo me tenga que cruzar todos los días con un pederasta que abusó de mi niña! ¡Que mi hija de 11 años no pueda ni salir sola a la puerta de la calle! ¡Que no apruebe ni una asignatura desde hace tres años! ¡O que estemos las dos en tratamiento psicológico! ¿A eso hay derecho? ¿Es esto la Justicia?», se pregunta la madre de la víctima, desesperada. «Este hombre tiene ya sentencias firmes que lo condenan, en total, mínimo a tres años de cárcel, pero aquí nadie hace nada y los que lo tenemos que ver todos los días asomado a la ventana somos nosotros».


Bloque en la Barriada de El Torrejón, Huelva, en donde reside el Pederasta. Foto. H24

La madre de la menor denuncia que la situación es «insostenible», pues el caso ha dividido a la familia -«hay gente, hermanos de mi marido que, pese a las sentencias, no nos ha creído»- y los enfrentamientos son continuos. «Cuando no nos cruzamos con uno nos cruzamos con otra», relata. «Yo siempre he intentado mantener la calma por la niña, para que no se dé cuenta y pueda seguir adelante. He tratado que no vea las peleas ni cómo nos increpan para que no sufra todavía más. De hecho, por ella, porque me lo recomendaron, llegamos a un acuerdo de conformidad [en su escrito inicial, la acusación particular solicitaba nueve años de prisión], para evitar que la niña tuviera que comparecer y volviese a revivirlo todo».

Por este acuerdo el acusado reconocía parte de los hechos, confirmando que habían existido abusos. Así, según la sentencia a la que tuvo acceso El Mundo, J. V. C., «a principios del año 2011, con la intención de obtener placer-satisfacción sexual y aprovechándose de la confianza que tenía con la sobrina paterna de su esposa [...] aprovechó al menos una ocasión en que se quedó momentáneamente a solas con aquélla para, por encima de la ropa acariciarle el pecho, las nalgas y sus genitales, besarla en la boca, sacarse el pene y masturbarse en su presencia, así como hacerle diversos comentarios de índole sexual inapropiados para su edad».

Según recoge esta misma sentencia, la víctima no sufrió lesiones físicas de gravedad, pero «a consecuencia de los hechos presenta sentimientos de vergüenza y culpa y rechazo al acusado».

Sentimientos que difícilmente puede dejar atrás en las circunstancias en las que se ve obligada a vivir. «Mi hija quiere hacer lo que hacen las demás niñas de su edad. Me pregunta que por qué no la dejo ir al cole sola, como hacen ellas, y está angustiada porque piensa que vivimos en un barrio peligroso». Un barrio que aún no han abandonado porque no tienen recursos; «aunque llevo un tiempo tratando de vender la casa para poder irme».

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ESPAÑA ME MATA : del Eepitelioma al Infarto

Andrés Martínez Medina, de 77 años, abandonó el Hospital Carlos Haya a las 14.45 horas del 28 de febrero de 2014, día de Andalucía, tras recibir el alta de una operación por un epitelioma en el cuero cabelludo. Al llegar a su casa le dijo a su esposa que se iba a tumbar un rato en el sofá. Sobre las tres y media de la tarde murió a causa de un infarto, a los cuarenta y cinco minutos de haber salido del centro hospitalario. 



Su familia, que presentaba una reclamación en Carlos Haya, denunciaba que hubo «excesivas prisas» a la hora de dar el alta al paciente, premura que relacionaba con la falta de camas que tenía el centro hospitalario. Así, los familiares del fallecido no comprenden por qué al enfermo no se le hizo un electrocardiograma al día siguiente de ser operado a pesar de que sentía un fuerte dolor en el pecho.

En la queja presentada por escrito ante el hospital se mencionan varias deficiencias que ocurrieron durante la hospitalización de Andrés Martínez, que ingresó el 25 de febrero para una operación programada. La intervención, que se ejecutó al día siguiente, se retrasó al no haber celadores que condujesen al enfermo al quirófano. 

El propio cirujano plástico, ante esa tardanza, fue a por el paciente y lo acompañó hasta la sala de operaciones, adonde Andrés Martínez llegó andando.

La intervención, que se hizo con anestesia local, consistió quitarle un epitelioma de cuero cabelludo para lo que se le hizo un injerto con piel procedente del muslo. El paciente, sobre las 20.30 horas del día de la operación, sufrió una hemorragia. El cirujano plástico de guardia acudió y taponó la herida.

A las siete y media de la mañana del 27 de febrero el enfermo pidió a su mujer que llamase a la enfermera porque sentía un fuerte dolor en el pecho. La profesional de enfermería tomó la tensión del paciente e indicó que los valores eran normales y que ese tipo de dolor era nervioso. 

Dos horas más tardes, Andrés Martínez acudió, como hacía una vez a la semana, a una sesión de diálisis. Cuando regresó a su habitación, sobre las 14.30 horas, no fue visto por el cirujano plástico. El paciente pasó la noche sentado en un sillón debido al fuerte dolor de cabeza que le aquejaba.

Cuando la familia de Andrés Martínez lo visitó el 28 de febrero se encontró con que le habían dado el alta. Una de sus hijas habló con el cirujano de guardia, que le dijo que el paciente estaría en su casa igual que en el hospital. «No se tuvo en cuenta la patología previa de mi padre. Cuando íbamos a marcharnos nos dimos cuanta de que aún tenía puesta la vía. Con las prisas no se la habían quitado», afirmó una de sus hijas. Andrés Martínez salió de Carlos Haya sobre las 14.45 horas. Cuarenta y cinco minutos después falleció.

La familia, en la reclamación presentada, denuncia que hubo «excesivas prisas en el dar el alta médica a un paciente que no se encontraba en condiciones de estar en su casa». Asimismo, en el escrito se dice que por la premura con que se hicieron los trámites en el informe de alta se puso la fecha del 25 de febrero cuando era 28 de febrero. 

La hija del paciente que firma la reclamación señala: «Sé que las prisas obedecían a la falta de camas que padecía el hospital y al intento de dejar algunas libres debido al colapso que existía en los ingresos». Asimismo, critica que el cirujano plástico de guardia le diese el alta a su padre sin tener en cuenta sus antecedentes previos. 

Por su parte, fuentes oficiales de Carlos Haya, tras lamentar la muerte del enfermo, dijeron que el equipo quirúrgico y anestésico siempre evalúan los riesgos y el estado de los pacientes. Asimismo, precisaron que todas las altas se dan por criterio clínico independientemente de que haya camas libres o no.