LA ZONA FLASH : La "rendición".

Una fotografía publicada en Twitter el 24 de marzo de 2015 por la fotoperiodista palestina Nadia AbuShaban (@NadiaAbuShaban) generaba todo tipo de reacciones en las redes sociales, luego de que al apuntar con su cámara de fotos al rostro de un niño sirio de 4 años, éste creyera que era un arma de fuego.


La fotoperiodista quien reside en la ciudad de Gaza escribió lo siguiente junto a la imagen: 

“El niño de 4 años cree que es un arma y no una cámara de fotos por lo que decide tirar las manos arriba”. Nadia es una joven que en gran parte del tiempo publica en Twitter los problemas que vive su país, además afirma que las opiniones expresadas en su red social son puramente personales. 

En Twitter algunos usuarios escribieron:

@VinkaJackson: Rompe el alma.

@CesarJSuazo: Una prueba conmovedora, donde una cámara es el arma más poderosa del mundo.

@Megilah_de_Rut: Los perdedores de las guerras. ‏

@BettyBlul: He llegado a pensar que quien ordena y mata no deben ser humanos, son otra especie.

@MariPitusa: Angelito, esta es la justicia que imparten unos políticos.Siria es un país de Oriente próximo de la costa mediterránea que vive sumergido en una guerra civil interminable, plagada de actos terroristas y abusos contra los derechos humanos.





LA ZONA INSÓLITA : Delicuente 3ª edad "Marca España".

Según se daba cuenta el 29 de marzo de 2015, a través de una cuenta de Twitter, la Policía Nacional detenía en Madrid a un anciano de 80 años por ir en bicicleta con una pancarta denunciando abusos políticos. Para mayor gloria del turismo internacional, la detención se producía frente al Museo del Prado


El hombre es conocido en Madrid por usar de forma habitual este modo de protesta, con su bicicleta y su pancarta, expresando sus quejas contra las políticas impulsadas desde el poder. 

Ante las protestas de los viandantes, según testigos presenciales, un policía de paisano le dijo:“Somos la autoridad y punto”.




Puro autoritarismo, puro fascismo.

La detención era contada por la periodista Olga Rodríguez (@olgarodriguezfr), a través de su cuenta de twitter. 







ESPAÑA ME MATA : Morir en "Defensa".


La víctima, de 68 años y en estado vegetativo desde febrero de 2011, fue operado de un nódulo beningno en el cuello que no debía presentar complicaciones. No le hicieron firmar el consentimiento informando de los riesgos, y luego 'inventaron' este documento falsificando su firma. 

La Audiencia Nacional condenó al Ministerio de Defensa a indemnizar con 300.000 euros a la familia de este militar, que entró al quirófano bromeando. Solucionada la instancia civil, la asociación El Defensor del Paciente estudia demandar penalmente para que la Ley castigue a quien falsificó la documentación.



"Ya veréis qué guapo que me dejan". Así se despidió E.L. de su familia mientras marchaba al quirófano del hospital militar Gómez Ulla en febrero de 2011 para que le extirpasen un nódulo benigno en el cuello, una operación que no debía presentar complicaciones. Serían sus últimas palabras: este militar madrileño de 68 años salió de allí en estado vegetativo, y la Justicia ha condenado.

"La sentencia no tiene desperdicio: el hospital Gómez Ulla falsificó el consentimiento informado, omitió datos relevantes en la historia cínica, en la gráfica de anestesia y hubo un error en el marcapasos", dice Álvaro Sardinero, abogado de la asociación El Defensor del Paciente. 

La Audiencia Nacional fue tajante: negligencia médica con el agravante de falsedad documental y 300.000 euros de indemnización para la familia. El Defensor del Paciente, que asistió a la familia en la demanda contra el Ministerio de Defensa, dice que intentó llegar a un acuerdo: que reconozcan su error y paguen. Pero no lo reconocieron y les emplazaron a ir a juicio, señala Sardinero. "Intentamos llegar a un acuerdo con el Ministerio de Defensa, incluso les advertimos de la manipulación del consentimiento informado, pero hicieron caso omiso, les dio igual, más allá de que se tratase de un error burdo, que se puede apreciar a los ojos de cualquiera", explica Sardinero. 


El abogado agregó que habló con el instructor del expediente para que reconociera que alguien efectuó esas manipulaciones documentales. 

"Pero él dijo que era un tema médico y que no le interesaba", explicó. Con "error burdo", el abogado se refiere a que falsificaron dos veces un mismo documento firmado sin fecha: primero, haciendo una fotocopia y escribiéndole una fecha (8-11-11) posterior a la operación (que tuvo lugar, como se ha dicho, en febrero de 2011); luego, efectuando una copia de esa copia y retocando la fecha manualmente para que quedara una anterior a la operación, lo que ha quedado probado por el peritaje caligráfico de la investigación. 

Ante esta manipulación, El Defensor del Paciente y sus abogados están valorando  si inician las acciones penales pertinentes por falsedad documental. 

"Se trata de que se depuren responsabilidades penales, que el Derecho Penal castigue al responsable de esta falsedad documental", agregó Sardinero. Una sentencia lapidaria. 


La investigación judicial no ha podido establecer qué ocasionó el fallo cardíaco que dejó en estado vegetativo a E.L, ya que la documentación médica está vacía y los testimonios de médicos no han echado luz sobre el asunto.

Sí se sabe que la víctima fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos (UCI) dos horas después de entrar en parada cardiorrespiratoria, por lo cual la falta de oxígeno en el cerebro durante tanto tiempo le dejó un daño irreversible. 

El peritaje médico concluyó que el paciente entró asintomático y en buen estado al quirófano, que no se le administró fluidoterapia (medida esencial para contrarrestar la pérdida de líquidos en determinados vasos), lo que determinó que no respondiera a las acciones de reanimación cardiopulmonar (RCP); detectó discordancias y contradicciones en los informes médicos presentados; no ha logrado constatar que el paciente fuera informado de los riesgos de la operación; ha comprobado que los documentos de consentimiento informado de cirugía están sin fechar; que los consentimientos de anestesia han sido manipulados. 

Además, la investigación deja claro que la historia clínica no ha sido cumplimentada, que no se ofrece información sobre las medidas asistenciales ofrecidas, lo que imposibilita saber qué se hizo a partir de la parada cardiorrespiratoria. 

"La cumplimentación correcta de la historia clínica habría arrojado luz sobre lo realmente sucedido", reza la sentencia.

Además, los médicos reconocieron que el marcapasos que podría haber estabilizado el flujo sanguíneo y la llegada del oxígeno al cerebro no funcionaba correctamente. 

"Se desconoce, porque la historia clínica no lo describe, (...) el motivo por el que se tardó tanto tiempo en trasladar al paciente a la UVI y qué se hizo mientras tanto (en unos informes se habla de 1 hora y en otros de 2 horas). Si la hipoxia tras la parada cardiorrespiratoria se hubiera remontado precozmente se habrían podido evitar las secuelas del paciente", sentencia el informe médico. 

La sentencia recoge que el daño neurológico ocasionado ha sido desproporcionado en relación a la cirugía practicada y que su origen no ha sido aclarado en absoluto por el personal sanitario.




Errores recogidos en la sentencia.

No consta que el paciente fuera correctamente informado de las complicaciones y riesgos que la operación podía presentar. 

Los documentos de consentimiento informado de cirugía están sin fechar. 

Los consentimientos de anestesia revelan manipulación evidente: alteración de la fecha y firmas idénticas para distintos documentos. 

Manipulación del documento del consentimiento informado, extrayendo fotocopias, y anotándose la fecha 8-11-11, para luego sobre esa misma fecha sobreescribirse la del 18-11-10. 

La historia clínica no ha sido cumplimentada, ofreciendo una nula información sobre las medidas tomadas (la cumplimentación correcta de la historia clínica habría arrojado luz sobre lo sucedido y sobre las causas que ocasionaron la parada). 

La gráfica de anestesia, documento vital para el esclarecimiento de estos casos, está sin cumplimentar. 

Se ignora el motivo por el que se tardó tanto tiempo en trasladar al paciente a la UVI y qué se hizo mientras tanto (en unos informes se habla de 1 hora y en otros de 2 horas). 

El daño neurológico ocasionado puede calificarse como desproporcionado en relación a la cirugía practicada y cuyo origen no ha sido aclarado en absoluto por el personal sanitario.



LA ZONA PÚBLICA : Julio Díaz, el ciudadano de los Ciudadanos de Huelva.

Julio Jesús Díaz Robledo es el Coordinador provincial de la agrupación onubense Ciudadanos. En las elecciones Autonómicas de 22 de marzo de 2015 resultaba ser uno de los 9 Parlamentarios que representarían a Ciudadanos en el Parlamento Andaluz.


Pertenece a la Asociación Española de Acreditación de la Transparencia como consultor de la misma. Es Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada y Técnico en Protocolo y Relaciones Institucionales por la Escuela Internacional de Protocolo, con formación específica en planificación estratégica, comunicación política, evaluación de políticas públicas, transparencia, e-administración e ingeniería y reingeniería de procesos.

Cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito de las relaciones, asesoramiento y consultoría de las Administraciones Públicas y la empresa, así como asesoramiento político a través de su despacho profesional, CIVES Asesores-Consultores, dónde además realiza tareas de análisis político de forma integral.

Fue elegido Coordinador provincial por la Agrupación Ciudadanos de la provincia de Huelva, el 19 de julio de 2014. 

Ciudadanos se origina en la plataforma "Ciudadanos de Catalunya", impulsada por prestigiosos intelectuales catalanes como Félix de Azúa, Albert Boadella, Francesc de Carreras, Arcadi Espada, Teresa Giménez Barbat, Ana Nuño, Félix Ovejero, Félix Pérez Romera, Xavier Pericay, Ponç Puigdevall, José Vicente Rodríguez Mora, Ferran Toutain, Carlos Trías, Ivan Tubau y Horacio Vázquez Rial. Recogían el sentir de muchos ciudadanos de Cataluña que no se sienten representados por los partidos políticos existentes.


El 7 de junio de 2005, se presentó un Primer Manifiesto en el que se planteó a la sociedad la necesidad de crear un nuevo partido político centrado en solucionar los problemas reales de los ciudadanos. Este manifiesto se dio a conocer el 21 de junio del 2005. El éxito de la convocatoria confirmó el respaldo ciudadano. A partir de ese momento se crea la plataforma civil cuyo objetivo sería la constitución de un nuevo partido político.

El día 4 de marzo de 2006, se presentó el Segundo Manifiesto de Ciudadanos en un abarrotado teatro Tívoli de Barcelona, en el que unas mil personas se quedaron sin poder entrar al teatro. 


Asistentes a la presentación de la plataforma Ciudadanos de Cataluña en el teatro Tívoli de Barcelona. / TEJEDERAS

El 9 de mayo, Ciudadanos se presentó en Madrid en el teatro Reina Victoria con los principios de: Ciudadanía, Libertad e Igualdad, Laicismo, Bilingüismo y Constitución.

En palabras de Julio Díaz este agradecía así su nombramiento el 19 de julio de 2013:

“es un placer y una responsabilidad, que agradezco a mis compañeros me diesen, la oportunidad de coordinar a una formación tan importante y con tanto impulso que ya estaba presente en la provincia con más de 1.500 firmantes del Compromiso de Movimiento Ciudadano y la existencia de una militancia que supone, ahora en Huelva, la organización y estructuración de una parte de la sociedad onubense en torno a una nueva forma de hacer política en centrados en lo importante, los ciudadanos”.



Han sido algunas las críticas que han surgido en torno a este candidato que ocupaba el puesto nº 5 en la candidatura a las elecciones municipales de 2011 en La Palma del Condado, (Huelva). Algo que en política, suele ser habitual y con lo que todo político debe contar. 

También habría que considerar que el "buen político" siempre hace de la crítica algo constructivo. Y, en este caso, debieran ser los ciudadanos los encargados de colaborar en el análisis de las mismas, que llevan a algunos dirigentes a desmarcarse de la "mala política" estigmatizada por la corrupción y sus derivados, que es lo que verdaderamente la desvirtúa.


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LA ZONA FLASH : "Toalla flash".

Entre las paradójicas situaciones que se pueden dar en España, mientras sus turistas nativos o extranjeros disfrutan de sus playas, no solo se encuentran la de ser sorprendidos por una avalancha de inmigrantes recien salidos del Mar. También, al levantar la cabeza de sus toallas de baño, pueden ser sorprendidos por escenas como las que protagoniza la Procesión de El Cristo del Salvador en la playa de la Malva-rosa, Valencia

LA ZONA HISTÓRICA : Agripina era un "Retrato".

Según la Web municipal de la localidad onubense de Villalba del Alcor, un Busto de Agripina la Menor, es descrito como un "Retrato". El mencionado Busto se halla, al parecer, localizado en el Museo Provincial de Huelva, dentro del apartado dedicado a Obras singulares. Algo que la Web, tampoco hace constar en su información. 

Según la información que facilita el Museo Provincial de la capital onubense, el mismo está construido sobre Mármol blanco. Posee una altura máxima de 41 cm x 23 cm y una longitud máxima de 22 cm. Este está catalogado como pieza perteneciente a los siglos I - II d.C. 

Al parecer, eran muchos los usuarios que querían averiguar el origen de la Base de datos a la que las autoridades municipales habían recurrido a la hora de diseñar la recién inaugurada Web y que tipo de supervisión había soportado la misma, pues al parecer, esta seguía mostrando dicha información sin que los datos hubieran sido rectificados.



Fuente: Facebook.





MEMORIAS DE UN PUEBLO : Los "muertos" de la Alcaldesa y el Patrimonio Histórico.

El Ayuntamiento de Villalba del Alcor, en Huelva, saltaba de nuevo a la palestra de las Redes Sociales de la mano de la prolífica formación Villalbera, Foro Ciudadano, el día 23 de marzo de 2015, a tan solo unas horas de que se cerraran los Colegios electorales en Andalucía.


Esta formación despertaba la expectación de los medios con un no menos curioso titular: “La noticia que jamás hubiésemos querido publicar”. Indagando a cerca de la curiosa noticia que encerraba el titular, se podía averiguar el escabroso asunto que justificaba el mismo.

Según daba cuenta la formación, esta habría valorado la conveniencia de publicar la misma, consensuando finalmente su publicación. En esta, se describían los hechos con frases que daban cuenta de la gravedad del asunto en alusión a las reacciones que dicha publicación suscitaría a nivel ciudadano, junto a la gravedad que supondría ver “los sentimientos de un pueblo tirados por el suelo”.

Imagen de la noticia publicada por Huelva Ya



Dicha publicación describía la infracción, aportando la prueba gráfica que daba testimonio, al parecer, de cómo el Ayuntamiento Villalbero estaría utilizando a modo de guijarros, restos de lápidas en las que se podía distinguir, incluso datos de los fallecidos. Estos restos, según información, habrían sido o estarían siendo depositados por el consistorio en caminos de titularidad municipal en el extrarradio del municipio para paliar desperfectos. Concretamente, el enclave se halla en una zona considerada de Interés arqueológico. por tanto, habría que considerar la posibilidad de que dichas autoridades hayan incurrido en una posible infracción contra el Patrimonio Histórico.


Cabeza de Agripina la Menor, hallada en los años 90 en la zona donde se denunciaron los hechos, calificada de Interés Arqueológico.

Según información, de estos hechos se podría deducir una posible infracción de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos que en su Artículo 137, Apartado 5 de Infracciones y sanciones contempla:

5. Son infracciones graves:

e) El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas.



Las reacciones que la noticia suscitaba vendrían seguidas de unas informaciones que daban cuenta de la gestión que de este tipo de políticas de Infraestructuras relativas a Caminos rurales se vienen haciendo en la Comunidad andaluza.

Concretamente, la Diputación provincial de Huelva destinaba, según información de enero de 2015, 20 millones de euros a infraestructuras de los que 495.000 euros estaban asignados al arreglo de caminos rurales. Un dato que exacerbaba más aún el crispado ambiente que la noticia causaba en los ciudadanos.

La Concejala de política Medio Ambiental en el municipio, Francisca Mestre, (primera por la izquierda), posa junto a la Alcaldesa, Manuela Daza y el presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Ignaciano Caraballo.

Tras la aparición de esta dantesca noticia, según daba cuenta la formación Foro Ciudadano, esta exigiría responsabilidades al equipo de gobierno en funciones destacando a la Alcaldesa Socialista Manuela Daza López, que de nuevo, saltaba a los Medios por este desolador acontecimiento. Cabe recordar que la Concejalía en cuestión, se halla representada en el consistorio Villalbero por Francisca Mestre del Valle.


La reconocida arqueóloga Inmaculada Carrasco Gómez, describía en las Redes Sociales los hechos.




La noticia en las Redes Sociales.


TEXTO ORIGINAL Facebook



Más:



LA ZONA PÚBLICA : La segunda causa por la que la guardia civil registró la diputación de Huelva.

La Fiscalía Provincial de Huelva remitió al Juzgado de 1º Instancia e Instrucción nº 2 de Valverde del Camino (Huelva), la segunda causa por la que fue objeto de registro la Diputación Provincial y la Oficina del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) en el Distrito de Pescadería inaugurado en 2013 en la capital onubense.


La formación UPyD, candidata a la Alcaldía de Huelva, era quien se encargaba de presentar esta denuncia el día 12 de febrero de 2015 por presuntas irregularidades de contratación en Diputación sobre el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).

Estas se basan en presuntas irregularidades cometidas por dicha Diputación en cuanto a contrataciones para hacer otras funciones con fondos del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA). 

Según consta en dicha denuncia, esta Diputación "sistemáticamente viene obteniendo indebidamente esta subvención de proyectos de obras y servicios de interés general generador de empleo estable, que en el año 2013 ascendió a la cantidad de 282.965,38 euros, presentando el que llama 'Proyecto de asesoramiento, tramitación y control de las obras incluidas en el PFEA 2013' y posteriormente el 'Anexo al proyecto de asesoramiento, tramitación y control de las obras incluidas en el PFEA 2013' por importe de 9.241,26 euros y, además, con dichas subvenciones sufraga y financia las contrataciones de trabajadores afines año a año".


Estos hechos, según esta formación, podrían ser constitutivos de diversos delitos contra la Hacienda pública, cohecho, fraude, tráfico de influencia o falsificación de documentos. Por tanto, pedía a la Fiscalía que ordenara la incoación de diligencias de investigación.

Miguel Ángel Delgado candidato de UPyD a la alcaldía  por Huelva.

Según la formación, con el dinero percibido por esta subvención y las anteriormente obtenidas por el mismo sistema en años anteriores, la Diputación "lleva contratando durante trece, diez y seis años a una serie de personas" que realizan distintas funciones -abogados y arquitectos, entre otras profesiones-, considerándola "una plantilla estable de diez personas que comienzan sistemáticamente sus contratos a partir del día 1 de septiembre donde vuelven a ser contratados por la Diputación con cargo a la subvención del año siguiente hasta junio".

Según la denuncia, con el dinero percibido por esta subvención y las anteriormente obtenidas por el mismo sistema, la Diputación Provincial de Huelva lleva contratando durante trece años a: 

Mª José Martín Amado, Titulada superior. Abogada.

Samuel Carballar Rinco, Titulado superior. Arquitecto.

Francisco Javier Luengo Martínez, Titulado medio. Empresariales.


Y durante diez años a:

Elvira Davila Martín, Titulado medio. Arquitecto Técnico.

Lidia Rodríguez Bejarano, titulado medio. Arquitecto Técnico.

María del Carmen Domínguez Arenas. Administrativa.

Enrique M. González Caballero. Administrativo.

María del Puerto Garzón Rufo. Delineante.

Aránzazu Vázquez López. Delineante.


Durante seis años a:

María Elena Bravo Álvarez. Técnica en prevención de riesgos laborales.

La Oficina registrada perteneciente al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) del Distrito de Pescadería en Huelva.

Por lo que considera que “que este proyecto presentado por la institución, "acogido a la modalidad de generador de empleo estable y subvencionado indebida e irregularmente con cargo al PFEA, incumple ampliamente la normativa aplicable".

En la denuncia también se refieren a una contratación en concreto, la de Eduardo Sánchez Masa, hijo del Director Provincial en Huelva del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), Eduardo Sánchez Montalban.


La primera causa que motivó el registro en ambas dependencias el 20 de febrero de 2015, era la denuncia interpuesta por dos particulares relacionada con subvenciones supuestamente ilegales sobre el PFEA en Tharsis, (Huelva).


La ex diputada de UPyD, Irene Lozano, era objeto de polémica, tras ser incluída en el puesto número 4 como independiente en la lista del PSOE por la circunscripción de Madrid en las elecciones legislativas convocadas para el 20 de diciembre de 2015, por decisión del líder del Partido, Pedro Sánchez. El motivo de la polémica se basaba en las opiniones vertidas por la aún diputada en 2014. El "rescate" político de la polémica ex diputada servía de caldo de cultivo para que las declaraciones fueran utiliazadas como arma arrojadiza hacia la formación "rescatadora" poniendo en evidencia el proceder por ambas partes, dando lugar a que surgieran juicios paralelos, por parte de la opinión pública, respecto a dichas declaraciones. 


A pocas fechas de la celebración de las Elecciones generales de España de 2015 y habiéndose celebrado las autonómicas y municipales en mayo del mismo año, la información sobre esta causa, -a través de los Medios o, a nivel político-, brillaba por su ausencia. Ninguna formación política provincial o, a nivel autonómico, constaba haber solicitado  información, a cerca del proceso. Un silencio que daba pie a especulaciones de tipo politico/judicial.





Las respuestas al registro, por parte del presidente del ente, Ignacio Caraballo, eran recogidas en su Web, el 24.02.15. Esta respuesta, a modo de Comunicado, desapareció del Portal Digital del ente, que se mostraba visible por última vez, el 05 de abril de 2016.










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